La iniciativa de reforma laboral que pretende brindar seguridad social a trabajadores de plataformas digitales de transporte y reparto dio su primer gran paso, pues consiguió la aprobación unánime en comisiones de la Cámara de Diputados. “Recibimos con gran desánimo la reforma. Se supone que los representantes del pueblo tienen que velar por los intereses de la nación, pero en este sentido a nosotros como sector nos ignoran completamente”, señaló en entrevista para Expansión César Castillo, conductor de plataforma y miembro del consejo de conductores de Jalisco.
Desde la perspectiva de Castillo, las autoridades no solo han ignorado la voz de quienes trabajan bajo esta modalidad, sino que además han centrado la conversación en la Ciudad de México y en los socios repartidores, dejando de lado a las personas que trabajan fuera de la demarcación y a los conductores, quienes también resultarían impactados por la reforma. Tanto conductores como repartidores han expresado que están a favor de la implementación de la seguridad social siempre y cuando mantenga los esquemas de flexibilidad con los que actualmente cuentan y se maneje como una alternativa y no una imposición. La Encuesta Nacional de Socios Conductores y Repartidores de Aplicaciones en México, realizada por Quadrant Strategies, destaca que 85% de los socios prefieren ser trabajadores independientes (en oposición a ser empleados y estar sujetos a un horario fijo) y que 90% prefieren la flexibilidad que las plataformas ofrecen para tener el control total de sus horarios, por encima de otros beneficios. Castillo explica que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum no puede ser adoptada por todos, pues para muchos el trabajo en plataformas es un ingreso extra, no el único. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Viajes Compartidos y Conductores de reparto en México, seis de cada 10 conductores tienen otra responsabilidad en su vida, como otro trabajo, educación o labores de cuidado. “Sin demeritar el tema (de los repartidores), nos sentimos ignorados. No es la misma problemática la de un repartidor, ni las mismas necesidades u obligaciones que las de un conductor”, comentó Castillo. De acuerdo con el conductor, además de la naturaleza del trabajo, otra diferencia significativa es la inversión que hacen en sus unidades de trabajo, en este caso automóviles. Castillo apunta un gasto promedio es de 300,000 pesos para un auto nuevo; así como los seguros que deben incluir en su cobertura daños a terceros y lesiones personales -el precio puede variar dependiendo del vehículo- pero en el caso de Castillo refiere que paga 32,000 pesos al año, además de un mayor consumo de gasolina, mantenimiento, entre otros gastos. También señala que el ritmo de trabajo y condiciones cambian en otros estados, por lo que sería necesario abrir mesas de diálogo en todas las demarcaciones en las que operan taxis por aplicación a fin de se contemplen las distintas realidades
Afectaciones a jubilados y pensionados
Como casos concretos de personas afectadas por el modelo actual que plantea la reforma, Castillo cita a las personas jubiladas o en Modalidad 40, quienes ya no cotizan para el seguro y ven en la conducción de unidades una vía de obtener ingresos adicionales a sus pensiones. “Los van a volver a obligar a cotizar (a las personas retiradas) en el seguro social y van a perder su pensión. Te aseguro que ellos no quieren el seguro igual que muchos otros”, comentó. La Encuesta Nacional de Viajes Compartidos y Conductores de reparto en México señala que 2% de los trabajadores de estas plataformas pertenecen a este grupo. Antonio Maluf, abogado especialista en lo laboral explicó a Expansión que efectivamente, incorporar nuevamente a estas personas al seguro social haría que dejen de recibir sus pensiones. “Los jubilados sí pueden ser reintegrados a la base trabajadora, ya sea en Uber, Didi o la que sea, pero si quieren cotizar y tener seguridad social tienen que renunciar de manera total a las pensiones que tienen”, explica Maluf. El abogado detalla que si bien estos trabajadores teóricamente tienen la posibilidad de seguir laborando como conductores sin ser dados de alta en el seguro social, eso implicaría trabajar menos de 40 horas y con ello mermar sus ingresos. Cabe señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que hasta el próximo año se comenzará a discutir la reforma que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Esta propuesta fue aprobada por la comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en abril de 2023, pero nunca fue discutida y votada en el pleno de San Lázaro. La ley actual menciona que la jornada laboral es de ocho horas diarias y que son seis días trabajo, que equivalen a 48 horas a la semana, por lo que con la reforma bajaría a cinco días que equivalen a 40 horas.
“Simulación” y sindicatos
Repartidores Unidos de México (RUM) acusó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) de reunirse con sindicatos que no los representan. Castillo secunda lo dicho y expone que saben que muchos de los representantes de dichos grupos son cercanos a actores políticos. El conductor añade que las supuestas reuniones que la STPS se ha dedicado a citar como parte del trabajo de conciliación y creación de acuerdos con trabajadores de plataformas han sido “simulaciones”, pues se incluye a los sindicatos y no a conductores, repartidores ni activistas sociales. “Encontramos a sindicatos apadrinados por Pedro Haces (líder de la CATEM y diputado federal), por Napoleón Gómez Urrutia (secretario general del sindicato de mineros y diputado federal), que no nos representan y que son quienes están hablando a nombre de los miles de trabajadores digitales”, sentenció Castillo. Hasta ahora, ningún grupo de repartidores o conductores reconoce a ninguno de estos sindicatos como sus representantes, y han hecho hincapié en que no pretenden sindicalizarse.
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