Desde que se planteó la iniciativa del gobierno federal para otorgar seguridad social a los repartidores de aplicaciones, ellos han expresado su apoyo a la protección laboral, pero han reiterado que el modelo propuesto, basado en la subordinación tradicional, limita su “libertad y flexibilidad” en horarios y lugares de trabajo.
Persiste la incertidumbre
Repartidores Unidos México (RUM) informó que, tras las manifestaciones del 14 y 30 de octubre y más de cinco reuniones con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), se han conseguido “cambios sustanciales en la propuesta”, entre los que destacan: Libertad para aceptar pedidos : La propuesta inicial obligaba a aceptar cualquier pedido asignado. Con la modificación, se mantiene la opción de decidir si se acepta o no cada orden. Uso de varias plataformas : El modelo de subordinación tradicional requería que cada repartidor tuviera un único patrón responsable de sus aportaciones. Los repartidores alegan que trabajar en múltiples aplicaciones les permite aprovechar las mejores promociones o incentivos en cada momento. Definición de flexibilidad discontinua : Este término no estaba claro en la propuesta de ley. Según el abogado laboralista Antonio Maluf, se refiere a la posibilidad de reconocer la flexibilidad horaria en plataformas digitales. Los repartidores proponen que puedan prestar servicios de manera discontinua, bajo la supervisión de una plataforma o empresa, cumpliendo con un mínimo de 40 horas semanales en la app de su elección. Sistema de impuestos actual sin acuerdo escrito: Los repartidores temen que la seguridad social afecte sus ingresos y aumente sus obligaciones fiscales. No contar con un acuerdo escrito también representa el riesgo de que estas garantías no se respeten. RUM declaró: “Estos avances muestran disposición para construir un nuevo esquema de bienestar y libertad para quienes repartimos en plataformas digitales”. Aunque la propuesta aún no es ideal, los cambios preservan la flexibilidad que demandan. RUM expresó su preocupación de que los sindicatos vinculados a actores políticos puedan intervenir en la reforma y poner en riesgo los acuerdos alcanzados. Particularmente, señalaron al Sindicato de Conductores de Vehículos de Servicio (Siconvece) y a su miembro Víctor Sánchez, quien es cercano a Pedro Haces, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), y al secretario de Trabajo, Marath Bolaños. También manifestaron inquietudes fiscales. Los “socios de aplicación” declaran ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con una tasa de retención del IVA de 8%. Según Oxfam, sectores con grandes ganancias pagan tasas menores: minería (6.2-6.9%), farmacéutico (1.3-5%) y manufactura (1.2-5%), lo que implica que los repartidores aportan hasta un 6.8% más de impuestos que grandes industrias.
