Donald Trump regresará a la Casa Blanca en enero y su postura negacionista en torno al cambio climático podría representar un paso atrás para las políticas ambientales de Joe Biden , pero un marcado avance para la industria tecnológica de Estados Unidos. Desde su campaña, Trump señaló su intención de terminar con lo que él llama el Green New Deal en referencia a la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, en inglés) del gobierno de Biden, un política ambiental que ha promovido el uso de energías verdes a través de inversiones multimillonarias.
¿Por qué Trump quiere terminar con la Ley de Reducción de la Inflación de Biden? La Ley IRA fue descrita como el mayor programa de inversión climática de la historia de los Estados Unidos, pues además de medidas para combatir el cambio climático, el medio DW reportó que también propuso una reorientación de la economía de Estados Unidos hacia energías renovables, así como “nuevas y exhaustivas” normativas fiscales.
Esta legislación se firmó en 2022 y prometía una inversión superior a los 370,000 millones de dólares (mdd) por parte del gobierno para incentivar tecnologías de energías limpias y una gran cantidad de empresas privadas comenzaron a motivar sus proyectos en este sentido. Sin embargo, Trump ha mencionado su intención de retirar ese dinero. “Mi plan podrá fin al Green New Deal, al que llamo la Green New Scam. Revocaremos todos los fondos no gastados en virtud de la mal llamada Ley de Reducción de la Inflación”, dijo en septiembre ante el Economic Club, de Nueva York.
¿Cómo impactaría la derogación de la Ley IRA a las tecnológicas? Para la industria tecnológica, cumplir con los temas ambientales es un aspecto que se contrapone a la evolución tan rápida de la tecnología, menciona Adolfo de Unánue, líder de la Iniciativa de Inteligencia Artificial para el Valor Público de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, quien resaltó que durante su administración, Trump dará impulso a la extracción de petróleo y la producción de energía en el país, un tema central para la capacidad de entrenamiento de los centros de datos. Para el especialista, la industria tecnológica puede tener en Trump un aliado para explotar fuentes de energía fósiles para alcanzar sus objetivos, pues su visión desregulatoria va a permitir que haya menos “obstáculos legales” que permitirán la aceleración de las tecnologías, como Inteligencia Artificial, en detrimento del medio ambiente. En contraste, Harris proponía un aceleramiento de la tecnología más “tradicional”, mencionó Unánue, es decir, no dejaría de apoyar al sector tecnológico, pero tampoco eliminaría las regulaciones para que las grandes empresas actuaran sin reglas “en favor de la innovación”.
Las Big Tech hacia un nuevo rumbo ambiental Actualmente, las tecnológicas ya han dado pasos hacia el uso de energías verdes, pues su consumo energético ha afectado sus compromisos ambientales hacia 2030. Microsoft, por ejemplo, aumentó casi un tercio desde el 2020, según datos recogidos de su último informe de sostenibilidad, en gran medida por la expansión de la infraestructura de centros de datos para IA. En este sentido, la empresa firmó un acuerdo en septiembre pasado para utilizar energía proveniente de la planta nuclear Three Mile Island en Pensilvania, donde se informó que la unidad generará 800 megavatios, y ayudará a hacer funcionar a la IA. Asimismo, Trump encontrará obstáculos para la derogación de la Ley IRA, ya que esta acción requerirá una acción por parte del Congreso y además de que su popularidad ha crecido, podría resultar en pérdida de empleos y fábricas inacabadas. Hasta ahora ya se han otorgado 92,500 mdd en subvenciones a empresas de diferentes sectores, según declaraciones de funcionarios de la Casa Blanca a Axios. Esta cifra representa alrededor del 80% de los fondos disponibles del año fiscal que terminó en septiembre, y expertos legales señalaron al medio que sería muy complicado recuperar el dinero restante que se ha prometido, pues es ilegal que un gobierno se niegue a gastar fondos que el Congreso ya ha asignado. Según la Ley de Control de Embargos de 1974, un presidente puede pausar el gasto por un tiempo o solicitar al Congreso que rescinda ese dinero, sin embargo, no puede no gastar los fondos por razones ideológicas. Esta legislación se aprobó durante la administración Nixon, quien solía no gastar dinero en cosas a las que se oponía y si bien representa un obstáculo en las intenciones de Trump, existen antecedentes en que violó esa ley, como cuando retuvo la ayuda militar a Ucrania en su gobierno, algo que también condujo a su primer juicio político.
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